Nuestra entidad trabaja desde hace algunos meses en el análisis de los lineamientos básicos del acuerdo Paritario del presente año. A tal efecto desarrolló reuniones internas en su Comité Ejecutivo, como así también con los demás signatarios de los convenios 108 y 122, y fue concretando encuentros con los dirigentes gremiales del sector. En forma simultánea, se consiguieron entrevistas con todos aquellos funcionarios vinculados a áreas específicas de la Salud con el objetivo de encontrar los caminos adecuados para viabilizar el acuerdo salarial, tanto en sedes del PEN como en el Congreso Nacional.

Se arribó así al día 4 de julio, fecha en la que se concretó un importante encuentro en el Ministerio de Trabajo, donde además de la delegación de FATSA y autoridades de la cartera laboral,  se encontraban presentes el Superintendente de Servicios de Salud, Dr. Luis Scervino, y el Director Ejecutivo del PAMI, Lic. Jorge Cassinotti. 

La concurrencia de estos funcionarios había sido planteada como requisito esencial de CONFECLISA y el resto de las entidades firmantes de los Convenios. Se encontraban presentes asimismo los representantes de todas las entidades signatarias de los Convenios 108 y 122/75.

Las Cámaras de Prestadores requirieron al Superintendente de Salud que el Organismo a su cargo se expidiera a través de un dictamen o de un acto administrativo pertinente que exprese la necesidad de responder con adecuación de aranceles por parte de los financiadores a los sucesivos reajustes salariales, generando así una importante y eficaz herramienta del organismo rector hacia todo el Sistema de Salud de la Seguridad Social. Ello obtuvo favorable respuesta de la Superintendencia.

Al mismo organismo se le solicitó establecer con carácter de obligatorio un plazo máximo de 30 días para la cancelación de las facturas de los prestadores.

A su turno el Director Ejecutivo de PAMI fue requerido acerca de los ajustes arancelarios para todos los sectores pero con especial énfasis en las repercusiones particulares que el nuevo modelo prestacional había tenido en el sector prestador, así como la necesidad que los mismos  fueran acordes al requerimiento de ajuste salarial del sector gremial. Se pidió también el acortamiento de los plazos de otorgamiento de esos reajustes y el desplazamiento del mayor monto al primer tramo del mismo, previsto para julio de 2017. Se abordaron también algunos factores distorsivos que afectan a cada uno de los sectores y se evaluaron alternativas para su solución, siempre sin dejar de lado el tema central convocante referido al acompañamiento del Instituto y al compromiso salarial que era necesario asumir.

El sector empresario ejerció fuerte presión a través de argumentos consistentes lo cual, y más allá de entender las razones que expuso el funcionario acerca de la situación económica del Instituto, permitió arribar a un acuerdo que acercó el factor arancelario a lo requerido y a lo necesario para cerrar la Paritaria. Quedó además claramente delineada la futura vía de negociaciones con el PAMI para próximas adecuaciones arancelarias.

Concluidas las reuniones mencionadas se pasó a discutir con el Gremio las pautas del acuerdo salarial. Debe mencionarse que ambas partes defendieron firmemente sus posiciones, y tras un cuarto intermedio para buscar fórmulas conciliatorias, el sector empresario efectuó una propuesta con matices especiales, pero con alcance significativo para el equilibrio de la ecuación: incremento de costos por aumento de salarios frente al incremento de ingresos por ajuste de salarios o disminución de egresos por factores diversos.

Finalmente la propuesta prosperó y viabilizó el Acuerdo.

Debemos destacar que la Paritaria actual tendrá efectos desde el 1° de julio, los tramos de los ajustes salariales impactarán así en julio (13%) y octubre (9%), mientras que los tramos de ajuste arancelario impactarán en julio, agosto y septiembre. Total del reajuste salarial: 22% y un bono especial no remunerativo de mil pesos en el mes de septiembre.

Quedan abiertas instancias de ajuste de ambos factores, salarios y aranceles, que aplicarían en enero 2018 respecto de los salarios que podrían incrementarse hasta un 2% siempre que la pauta oficial inflacionaria supere el 20% para todo el año 2017, y en diciembre de 2017 o enero 2018 respecto de los aranceles para lo cual se mantendrá una fluida interrelación con PAMI.

Por último se obtuvo una prórroga para lo no contributividad de los ajustes salariales del año anterior hasta el 31/12/2017 y el mismo carácter para toda la vigencia del presente acuerdo.

La negociación que llevó adelante el sector empresario permitió equilibrar la ecuación entre costos versus generación de recursos o disminución de obligaciones, obteniendo un claro equilibrio, y preservando canales de negociación con diversas autoridades y funcionarios que permitieron arribar a un final con marcado equilibrio en la ecuación arancelaria respecto de los reajustes salariales reconocidos y con potenciales posibilidades de alcanzar otros objetivos detrás de los que se mueve el sector en el corto plazo.

 

CONFECLISA / 5 de Julio de 2017.